Bonanza ganadera, desastre ambiental

El negocio ganadero rara vez había estado mejor. Las exportaciones ganaderas están disparadas y los precios de la carne dentro del país están por las nubes. La bonanza ganadera está atizando la deforestación de la Orinoquia y la Amazonia a ritmos que no tienen precedentes. Aunque el Gobierno habla de detener la deforestación, sus acciones prácticas dicen lo contrario, pues está ayudándoles a los ganaderos inescrupulosos a exportar sin ningún control. La tragedia ambiental es propiciada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que es muy eficiente en vacunar contra la aftosa el ganado en tierras de reserva forestal e indígena donde el Estado rara vez llega. También es expedito en emitir guías de movilización del ganado que, sin ningún control de origen ni trazabilidad, llega a países que están dispuestos a tolerar la gran deforestación. Veamos los hechos.

En 2021 las exportaciones ganaderas alcanzaron un récord de 427,4 millones de dólares, con un aumento de más de 50 por ciento respecto al año anterior. Los despachos de carne y despojos para los mercados externos llegaron a 56.790 toneladas, con un aumento de 66 por ciento. Los principales mercados para la carne colombiana son Rusia, Chile, Egipto, Líbano y Hong Kong. La carne de res vendida a los consumidores colombianos ha subido de precio 34,8 por ciento en los últimos 12 meses, siendo uno de los cinco productos que más ha encarecido la canasta de consumo de los hogares.

Así, tanto las ventas externas como las domésticas están llenándoles los bolsillos a los ganaderos.

Entretanto, la destrucción ambiental está desbordada, como lo mostraron los sobrevuelos por Caquetá, Meta y el Guaviare que hizo hace unas pocas semanas Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Botero reportó quemas de miles de hectáreas que habían sido previamente taladas en áreas de reserva forestal, parques naturales y reservas de comunidades indígenas. Las quemas causaron tal humareda que en Bogotá se declaró el 5 de febrero una emergencia ambiental por el exceso de partículas en el aire. El propósito de estas talas y las subsecuentes quemas es ampliar el hato ganadero del país, que ya ocupa más de 23 millones de hectáreas en pastos, de las cuales apenas unos 10 millones tienen vocación ganadera.

La ganadería extensiva es más atractiva que conservar los bosques, que “no son de nadie”, y más rentable que la agricultura, que requiere más sofisticación tecnológica y más trabajadores. Además, la ganadería goza de enormes ventajas tributarias. Las tierras en la mayoría de los municipios donde predomina la ganadería pagan tasas irrisorias de impuesto predial porque están valoradas en los catastros a precios muy bajos. Los terratenientes han desalentado la actualización del catastro para no tener que pagar impuestos, mientras que los precios de sus tierras se valorizan con la inversión pública en carreteras y servicios. Los costos laborales de la ganadería son reducidos mediante la evasión de las contribuciones a la seguridad social. Para ser más precisos: de los 4,2 millones de unidades de producción de ganado bovino que hay en el país (según el censo de 2014), apenas contribuyen a seguridad social 3.773 unidades (es decir, menos del 0,1 por ciento), que emplean solo 18.894 personas (según datos de la Pila para 2017).

La carne y otros productos pecuarios no pagan IVA, gracias a que los gremios del sector agropecuario han sido muy efectivos en venderles al Congreso y al país la tesis de que no se puede gravar la canasta familiar. Las ganancias que deja la ganadería rara vez pagan los impuestos que corresponden a las empresas porque el negocio es informal, sin registros mercantiles que lo sometan al régimen de las sociedades de capital. Como los propietarios pueden ocultar fácilmente sus ingresos, tampoco pagan impuesto de renta a las personas. Los daños ambientales que causa la ganadería no son gravados de forma alguna y, por consiguiente, sus costos recaen sobre toda la sociedad.

El Gobierno ha perseguido con cierto éxito a los grandes deforestadores ilegales. De hecho, a mediados de febrero se anunció que habían sido capturados 11 de los 17 integrantes del cartel de deforestadores que estaban en la mira de las autoridades. El problema es que en la práctica otras acciones del Gobierno los incentivan a continuar con su jugoso negocio de talar, criar ganado en grandes extensiones y, a la larga, vender al mejor postor las tierras valorizadas gracias al asentamiento de trabajadores en lugares cercanos y a la construcción de carreteras, muchas de ellas ilegales.

Mientras que el Estado es, en muchos aspectos, el gran ausente en las remotas tierras deforestadas, el ICA está presente, dispuesto a ayudar a los ganaderos, vacunando al ganado contra la aftosa y emitiendo guías de transporte para que el ganado en pie pueda llegar hasta la frontera o hasta los sitios de matanza y corte. En el ciclo de vacunación de mayo a agosto de 2021, el ICA vacunó 28,7 millones de animales en 606.141 fincas. Sin el menor recato, el ICA declaró con orgullo que los departamentos con las mayores aplicaciones de vacunas fueron Arauca, Casanare y Guaviare. De esta manera, el país mantuvo el codiciado estatus de estar libre de aftosa, lo que le permite exportar sin dificultad a los países que miran para otro lado en relación con la sostenibilidad ambiental. Es una gran ventaja para los ganadores informales e ilegales que el país no exija récords del origen y trazabilidad de las reses y la carne destinada a la exportación.

Fedegán no auspicia la ganadería informal o ilegal, pero tampoco hace mayor cosa para contenerla. Es cierto que promueve la ganadería sostenible ambiental y socialmente, pero son muy pocos los ganaderos comprometidos con esa modalidad de ganadería. La deforestación continuará porque son muy fuertes los incentivos económicos para que Fedegán y el Gobierno pongan control a la bonanza ganadera y porque es muy poco el interés de la sociedad y de los políticos por enfrentar a los ganaderos.